Ley de medios- Un apoyo complice

Una declaración política titulada “Ni con K ni con Clarín. ¡Queremos la Ley YA!” recorrió en los últimos días las listas de mail universitarias. La declaración, firmada por diferentes representantes de la centroizquierda nacional junto a los dirigentes estudiantiles de la Mella y de Libres del Sur, tenía por objetivo la insostenible tarea de defender una Ley que supuestamente democratizará el espacio comunicacional criticando al gobierno que será su garante.

La declaración se difundió apenas unas horas antes de que Néstor Busso, titular de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, hablara en el acto oficialista realizado en el Palacio de Tribunales contra la intervención del Poder Judicial que detiene la implementación de la Ley kirchnerista, rodeado de funcionarios gubernamentales. Extrañamente, los firmantes de la declaración, que dicen estar inspirados en los 21 puntos de esta Coalición, se mantuvieron al margen de la convocatoria.

Los representantes estudiantiles que firmaron la declaración llegaron al colmo de apoyar una Ley sin apoyar la única lucha que existe a favor de su aplicación. Sus reparos a la hora de participar de la movilización por su claro contenido gubernamental, debieran haber sido los mismos empleados a la hora de definir el apoyo a una Ley del mismo carácter.

Del mismo modo que con los Derechos Humanos, el gobierno del pago de la deuda, la inflación y los topes salariales, utiliza ahora la Ley de Medios para regimentar y cooptar a sectores independientes, detrás de una reforma legislativa que fortalecerá, no la multiplicidad de voces, sino la intervención del Estado en la política comunicacional a favor de los grupos empresariales y sociales aliados al gobierno de turno.

El gobierno logró que su proyecto de Ley fuera aprobado por el Congreso. Las modificaciones que tanto se mencionan, tuvieron un carácter menor, al punto de no derogar el decreto 527/05 que prorrogó las licencias a los grandes monopolios mediáticos (Clarín entre ellos, por supuesto), ni otorgar de manera directa licencias permanentes a los medios comunitarios y alternativos que actualmente funcionan a lo largo y ancho del país.

Los firmantes de la declaración pretenden quedar resguardados de los daños futuros que producirá la posible aplicación de la Ley gubernamental, señalando que la Ley (que ellos defienden), no define una “política clara de financiamiento y garantías de acceso a los recursos técnicos y materiales para el desarrollo de medios populares, comunitarios y alternativos” ni establece claramente una diferenciación entre “los medios populares, comunitarios y alternativos” y las “prestadoras sin fines de lucro, detrás de las cuales muchas veces se esconden los mismos que hoy monopolizan las comunicaciones”. Por el contrario, su vociferación de las irregularidades los convierte en cómplices.


Unión de Juventudes por el Socialismo
PARTIDO OBRERO